Sede del Tribunal Supremo

Fuente: El Pais

- ‘Caso Fabra’. Por el Juzgado de Nules (Castellón) que lo instruye han pasado ya ocho jueces, de los que cuatro eran suplentes.

Su función, que según la ley debe ser “excepcional”, se ha convertido en la regla. “Entre un 10% y un 15% de la plantilla está conformada por sustitutos”, explica el magistrado Javier Martínez Lázaro, ex vocal del Poder Judicial. En algunas zonas, la situación es especialmente alarmante. En Cataluña, por ejemplo, 110 de las 691 plazas estaban cubiertas por suplentes a finales de 2007, según la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, María Eugenia Alegret. Cataluña, tradicionalmente, no aporta muchos jueces. Gran parte de los que ejercen allí provienen de otras comunidades y suelen pedir el traslado en cuanto pueden. Otras zonas con muchos sustitutos son el País Vasco, por el terrorismo, y Canarias, por su lejanía.

“Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos que trabajan en ellos durante años”, explica Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes. Tras conseguir que se les equipare en sueldo con el personal al que sustituyen, el colectivo reclama ahora que se le reconozca la antigüedad. Y no sólo a efectos retributivos, sino también para entrar en la carrera judicial a través del cuarto turno, el sistema previsto para dar acceso a juristas con experiencia.

Uno de los problemas con los que, según Izquierdo, se encuentran estos jueces es que están sometidos a las mismas restricciones que los de carrera. Cuando no trabajan porque no hay sustituciones, no pueden dedicarse a la abogacía ni a otra actividad privada, salvo a la docencia. Y en los lapsos entre sustitución y sustitución dejan de cobrar.

En esta situación tan precaria, estos jueces ponen cada día cientos de sentencias. Una de las causas de esta situación es, según los expertos, la incorporación masiva de mujeres a la carrera. Año tras año, las nuevas promociones cuentan con más mujeres que hombres -en la última, eran el 70%- que pasan a puestos de base con el consiguiente aumento de bajas maternales, enfermedades relacionadas con el embarazo o excedencias para cuidar de los hijos.

La ausencia crónica de titulares afecta al servicio debido al baile de personal, que implica que la documentación pase de un juez a otro con los consiguientes retrasos, cambios de criterio… “Los mayores problemas aparecen en los juzgados servidos por jueces, no por magistrados, en los que el titular pasa un año o año y medio hasta que pide el traslado o asciende a magistrado con el consiguiente cambio de destino”, señala Martínez Lázaro.

En esa situación se encuentra el Juzgado de Nules (Castellón) que investiga al presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, un caso estudiado ya por ocho jueces, de los que cuatro fueron sustitutos. En el de Corcubión (A Coruña), donde se investiga el Prestige, el caso ha pasado por siete manos (tres sustitutos). En los juzgados de Coín (Málaga), cuatro jueces distintos han investigado ya la Operación Troya contra la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande.

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Sindicato Profesional de Justicia, integrado en la Unión Sindical Obrera

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar. EFE

Fuente: Gaceta.es

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó hoy de forma unánime una serie de medidas bautizadas como Plan de Actuación inmediata para la Mejora de la Justicia con cinco objetivos concretos:

1- La coordinación de programas y aplicaciones informáticas;
2- La mejora de sistemas informáticos de gestión procesal;
3- La reducción y formación de funcionarios interinos;
4- Las mejoras para la conciliación de la vida laboral y familiar;
5- La prevención de riesgos laborales.

Fuentes del Consejo destacaron el hecho de que esta reforma haya sido aprobada de forma unánime por todos los vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces, y subrayaron asimismo el “esfuerzo” desplegado por todos en este sentido.

Este Plan se desarrollará, según el Consejo, sin perjuicio de que se continúe trabajando en otro proyecto denominado “de Modernización” que, con carácter más ambicioso, se está confeccionando en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, y para cuya consecución se celebrarán reuniones quinquenales.

Además, El Pleno del Consejo celebrado hoy ha aceptado la renuncia al cargo de Jefe del Servicio de Inspección presentada por el Magistrado D. José María Gil Sáez, al que el Pleno ha reconocido su trayectoria en el tiempo que ha desempeñado el cargo.

Para ver la nota informativa emitida por el consejo haz clik aqui

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La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo. EFE/Javier Lizón

Fuente: Expansión.com

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar el miércoles 29 de octubre un informe que, en términos generales, avala el anteproyecto de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. No obstante, sugiere una delimitación más nítida entre las tareas de jueces y secretarios judiciales.

Los miembros del gobierno del poder judicial quieren una “delimitación inequívoca de responsabilidad de uno y otro órgano, que se echa de menos en la regulación contenida en el Anteproyecto”, señalan en el capítulo “consideraciones generales del anteproyecto”, que forma parte de un extenso informe de 180 páginas que analiza una a una el conjunto de modificaciones en más de quince leyes -algunas de ellas de carácter orgánico- dirigidas a poner al día la Administración de Justicia, lo que se pretende lograr descargando a los jueces de todas aquellas tareas “burocráticas” que no están vinculadas estrictamente con su función jurisdiccional.

El documento aprobado inicialmente por la Comisión de Informes del nuevo CGPJ -que tomó posesión a finales del pasado mes de septiembre-, contiene el voto particular de la vocal Concepción Espejel, designada a propuesta del PP, que discrepa de la mayoría en la atribución a los secretarios judiciales de la potestad para señalar juicios y vistas.

Según Espejel, este punto “limitaría la facultad de superior dirección que a los jueces y a los presidentes de salas de justicia corresponde”, recoge Europa Press.

Respecto a la distinción de tareas del juez y del secretario judicial, que es la pieza clave de la reforma, el informe preliminar del Consejo sugiere “la tipificación normativa de dos categorías de actos”. Por un lado los de dirección procesal, “que son los determinantes en el ejercicio de la función jurisdiccional” y deben corresponder en exclusiva a los jueces.

En otro apartado deberían distinguirse, según el Consejo, los “actos de ejecución y mero trámite, que no afectan ni condicionan el ejercicio ordinario de la función jurisdiccional y que pueden encomendarse a la responsabilidad del secretario judicial”.

Esta puesta al día de la Justicia española es el objetivo central del departamento de Mariano Fernández Bermejo para esta legislatura, según ha señalado el propio ministro de Justicia en varias ocasiones. A este respecto, el informe del Consejo aprueba en general el Anteproyecto con excepción de algunas consideraciones técnicas de asignación al secretario de determinadas funciones que superarían sus capacidad.

El poder de los secretarios
Así, el orden Civil, el informe cuestiona que la suspensión de un procedimiento se confíe al secretario judicial “pues la consideración de estas circunstancias supera el significado de impulso procesal para entrar en la formación de juicios prospectivos sobre lesión de derechos e intereses jurídicamente tutelables que en el marco del proceso han de serlo por los tribunales”.

Igualmente, se critica que algunas funciones sobre ejecución de procedimientos civiles asignadas por el Anteproyecto a los secretarios “trascienden lo meramente procedimental”, lo mismo que ocurre con su capacidad para condenar en costas y declarar daños y perjuicios. “Ambas deberían continuar en el ámbito jurisdiccional, la primera porque afecta a un derecho de naturaleza patrimonial (…) y la segunda porque significa un pronunciamiento declarativo de responsabilidad extracontractual”.

Penal
En el capítulo de la jurisdicción Penal, el CGPJ ve “favorable” la mayoría de las aportaciones formuladas por el Anteproyecto de Ley. No obstante, plantea algunos matices en cuestiones puntuales como la referente a la grabación de los juicios, sobre las que el órgano de Gobierno de los jueces propone además, “la unión a los autos de una transcripción escrita de aquello que el tribual considerase más relevante de entre todo lo registrado de los soportes correspondientes”.

No obstante, acerca de la reproducción de la grabación del juicio en la segunda instancia que propone el Anteproyecto, el CGPJ advierte de que podría incurrirse en una “alteración sustancial del sistema de apelación limitada de la LECr (Ley de Enjuiciamiento Criminal)” y recuerda que “el tribunal sólo puede valorar las pruebas que no necesitan inmediación” y las pruebas personales que puedan ser practicadas en segunda instancia”.

Contencioso-Administrativo
En lo referido al ámbito Contencioso-Administrativo, el informe sostiene que hay que contemplar la posibilidad de que el juez no asuma el criterio adoptado por el secretario a favor de la admisión a trámite de un recurso de apelación.

Social
En el social, el informe aboga por que la labor de los secretarios en el ámbito de la mediación se limite a dar traslado al juez o tribunal para que éste “se pronuncie acerca de la prohibición o denegación del acuerdo alcanzado”. El CGPJ adopta esta postura por considerar que “las incertidumbres que el acuerdo pudiera suscitar en cuanto a su posible efecto lesivo del interés general o del de un tercero es mejor que se ventilen directamente en la vía jurisdiccional”.

La nueva Oficina Judicial requerirá la reasignación de las tareas que actualmente realizan los jueces, secretarios judiciales y los restantes funcionarios, cambiar las pautas de su organización interna y de la actividad profesional que realizan y generar una nueva cultura organizativa entre los colectivos profesionales que prestan este servicio público, según el proyecto del Gobierno.

La reforma consta de un preámbulo, quince artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. La primera declara la competencia del Estado para dictar esta Ley al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª de la Constitución y la segunda establece la entrada en vigor de la ley a los seis meses desde su publicación en el BOE.

José Luis Mendez Romeu

Fonte: Xunta de Galicia

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza achegará o 48% do seu orzamento, que ascende a 217,8 millóns de euros, á Administración de Xustiza, segundo presentou hoxe o titular deste departamento, José Luis Méndez Romeu, en Comisión parlamentaria. O conselleiro sinalou que esta área conta cun incremento do 6% -ata un total de 105 millóns de euros- correlativo co que ten experimentado nos Orzamentos Xerais do Estado (OXE) para 2009.

Así, sinalou que nas liñas principais do investimento para 2009 se dá “prioridade absoluta ao gasto na función de xustiza” e lamentou que a resolución dos problemas nesta área non é función exclusiva do incremento de unidades xudiciais, senón consecuencia dun conxunto de medidas bastante complexo de implementar, das que unha parte lle corresponde ao Ministerio de Xustiza, outra ao Consello Xeral do Poder Xudicial e outra -infraestructuras e medios- á Comunidade Autónoma. “Por tanto, cremos que esa é a área que debe ter un crecemento por riba da media da Consellería, por riba da media dos orzamentos da Xunta e en liña co que van aprobar os OXE para 2009”, asegurou.

Méndez Romeu tamén indicou que os obxectivos de investimento en materia xudicial aparecen sempre “cun certo grao de atraso” producido pola dificultade de conseguir os terreos necesarios sobre os que construír infraestruturas, debido a que os concellos aos que a Xunta lles solicita estas parcelas normalmente non están en condicións de responder con celeridade a esa demanda. Así, dixo, aparecen no Orzamento da Consellería cifras comprometidas en localidades como Muros, Vigo, A Coruña ou A Estrada “onde a dificultade de consecución de solo ten impedido, a día de hoxe, o comezo das obras malia, nalgún caso, ter mesmo redactado xa o correspondente proxecto arquitectónico”. Alén deses proxectos, e con cargo á Sociedade Pública de Investimentos (SPI), a Xunta pretende tamén levar adiante a dotación de novos edificios xudiciais en Ourense, Ferrol e Pontevedra.

Así, o titular de Presidencia puntualizou que, en materia de investimentos, o departamento actúa a medio dos compromisos directos da súa Secretaría Xeral –que aparecen detallados minuciosamente no Orzamento- e mediante mandatos de obra pública á SPI, que totalizan na Consellería para o vindeiro exercicio 2,4 millóns de euros, dos que non aparece detallado o destino, toda vez que esa decisión adóptase posteriormente no marco do plano económico financeiro da propia Sociedade.

O conselleiro tamén subliñou o incremento que experimentan as partidas dedicadas á xustiza de paz –que pasan de 480.000 euros a 915.000-, que definiu coma un área “tradicionalmente esquecida e abandonada”. Explicou que este aumento é froito dos acordos acadados no Pacto Local para asumir a asunción progresiva dos seus custos pola Administración autonómica e da evidencia de que “é difícil prestar un servizo mínimo nas condicións de traballo actuais” deses órganos.

La Xunta prevé que los clientes del registro sean atendidos desde el pasillo a la izquierda de la imagen

Fuente: La Voz de Galicia

El inminente inicio de las obras de reforma de la planta baja del edificio judicial de la capital ourensana obligará a realizar algunos reajustes provisionales que, antes de efectuarse, están siendo mal acogidos entre los funcionarios.

Así, los trabajos de remodelación con los que se pretende dejar listos los espacios en los que se ubicará el Juzgado de Instrucción número 6 y la sede para el juzgado de guardia, provocarán el traslado de algunos servicios y la reutilización de otros. Es el caso del registro civil cuya sala de espera será ocupada por los procuradores durante el tiempo que duren las obras.

Se trata de una medida acordada por la Dirección Xeral de Xustiza que ha sido mal recibida por los funcionarios que trabajan en esa sede. Así lo han puesto de manifiesto desde el sindicato SPJ-USO, con mayoría entre los funcionarios del juzgado, cuyos representantes aseguran que los empleados del registro «están indignados por la situación que van a tener que soportar debido a las obras que se pretenden iniciar en la planta baja del Palacio de Justicia».

Acceso interior

La otra cara de esta medida, recuerdan los sindicalistas, sería la que afecta a los ciudadanos, que serán atendidos por los funcionarios del registro a través de una ventanilla o mostrador situado en el pasillo que da acceso a dependencias interiores del edificio judicial. Esto provocará, aseguran, que el paso de terceros por ese pasillo quede impedido, debido a la estrechez. «Consideramos que eso no son condiciones mínimamente dignas de trato y atención a los ciudadanos que acuden masivamente a diario a las oficinas», aseguran desde SPJ-USO, cuyos representantes matizan que la acumulación de usuarios del registro y de procuradores, sumados a los ciudadanos que acuden al decanato, provocará probablemente la masificación en la planta baja del edificio judicial.

«Todo ello llevará consigo la aglomeración que se producirá en un pasillo de un metro de ancho y en sus accesos» aducen los sindicalistas, quienes instan a la Administración a reconsiderar esta solución. «Instamos a la delegación provincial a tomar las medidas oportunas para que los procuradores sean instalados durante las obra en otro sitio más adecuado», piden.

Más poder para los 3.976 secretarios judiciales, que asumirán nuevas competencias, y menos trabajo para los 4.543 jueces, que se librarán de algunas tareas burocráticas que ahora tienen encomendadas. Ésa es la intención de un proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas y que cuenta de antemano con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno pretende resolver con esta medida legal algunos de los principales problemas de saturación de una administración de justicia donde trabajan unas 50.000 personas, entre jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios. En los últimos diez años, los juzgados y tribunales españoles han pasado de tramitar 6,3 millones de asuntos al año a más de 8,3 millones. Y de tener 1,8 millones de asuntos pendientes al finalizar 1998 a cerrar 2007 con más de 2,4 millones.

Antes de que la nueva ley vea la luz, el polvorín de la justicia le ha estallado en las manos al Gobierno. El descontento de distintos colectivos (jueces y secretarios judiciales fundamentalmente) por cuestiones variopintas (nombramiento de cargos, sanciones por el caso Tirado, declaraciones de miembros del Gobierno o reformas pendientes) ha desembocado en un paro que dejó sin actividad el pasado martes buena parte de los juzgados de toda España.

La masiva protesta llega cuando el Gobierno se ha embarcado en una profunda renovación de la justicia, cuyo primer exponente será el proyecto de Ley de Implantación de la Nueva Oficina Judicial, que conlleva reformas en una decena de leyes para cambiar el funcionamiento de los juzgados.

El Consejo General del Poder Judicial, según explicaron a este periódico vocales del organismo, dará el próximo jueves su visto bueno a la reforma legal. Sus puntos principales, recogidos en el anteproyecto de ley que ha estudiado el Poder Judicial, son los que siguen:

- Descarga de trabajo para jueces y magistrados. Se atribuyen a otros funcionarios -esencialmente a secretarios judiciales- aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional y que hasta ahora desempeñaban los jueces.

- Nuevas competencias de los secretarios judiciales. El texto señala: “Deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en cada orden jurisdiccional y para cada uno de los procedimientos antes de que el juez o tribunal se pronuncien acerca de las admisiones”.

Y añade: “En aquellos casos en que se pueda poner fin a un procedimiento judicial como consecuencia de la falta de actividad de las partes o por haber llegado éstas a un acuerdo, el secretario judicial puede dictar un decreto que ponga fin al procedimiento”. “El secretario judicial tendrá competencia para la declaración de terminación anticipada del proceso por desistimiento a solicitud expresa del actor o la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal”.

- Grabación del juicio para que no sea necesaria la asistencia del secretario. “El documento electrónico que contenga la grabación del juicio, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del secretario judicial, constituirá el acta a todos los efectos. En estos casos no será necesaria la presencia del secretario judicial en la sala”.

- Desaparición de las actas manuscritas. “Se establece además de forma obligatoria la extensión del acta por procedimientos informáticos, con ello se busca la desaparición de las actas manuscritas, en muchos casos ilegibles, tan frecuentes todavía en muchos órganos jurisdiccionales españoles”.

- Señalamientos de vistas. “Será el secretario judicial quien, desde un servicio centralizado y gestionando una agencia programada de señalamientos, establezca una fecha para los mismos. El señalamiento se verificará teniendo en cuenta los criterios que el presidente de la sala o sección o el titular del órgano judicial les indiquen en lo concerniente tanto a su organización general del trabajo como a la duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate”.

- Subastas por Internet. “Se modificará la regulación de las subastas judiciales para permitir que bajo la dirección del secretario judicial puedan efectuarse pujas electrónicas siempre que se cuente con los medios técnicos para ello. La participación en las subastas judiciales podrá realizarse a través de Internet sin requerir la presencia física obligatoria de los intervinientes en una sala. Con ello además se evita la discriminación, puesto que hay más participación, se fomentan la transparencia y publicidad, se obtienen mejores precios y se evitan las prácticas de colusión, es decir, el pacto entre dos personas para perjudicar a terceros”.

Antonio Gutierrez, presidente en funcións da Audiencia, deu a benvida ao presidente do TSXG, no centro

Fonte: Diario de Pontevedra,

A comida homenaxe ao ex presidente da Audiencia Provincial, Manuel Almenar, serviu de escusa para que a sala de goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrase o seu pleno ordinario en Pontevedra e se adoptasen algunhas decisións relevantes de cara ao mellor funcionamento da admón. de Xustiza na capital.

O futuro xulgado de violencia de xénero da cidade de Pontevedra será de ámbito comarcal. Ademais do municipio pontevedrés, o novo órgano agrupará os partidos xudiciais dos concellos de Vilagarcía, Cambados, Caldas de Reis e Marín. O presidente en funcións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto, confirmou a noticia minutos antes da súa participación no Pleno ordinario que a sala de goberno da institución celebrou onte na Audiencia Provincial de Pontevedra. A pesar de non haber data concreta para a súa posta en marcha, o certo é que a capital da provincia se converterá na terceira cidade galega -tras A Coruña e Vigo- cunha sala que se ocupará de forma específica ás causas derivadas de malos tratos.
O que si ten os días contados para comezar a súa actividade é o quinto Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra. Activarase o próximo 31 de decembro e suporá a reordenación do edificio xudicial de A Parda debido a problemas de espazo. “Este é un escollo que temos en bastantes xulgados de Galicia, pero a Consellería de Presidencia e Administración Pública e Xustiza traballa xa para buscar unha solución”, explicou González Nieto.

Coa especialización do citado xulgado este asumirá as competencias en materia de dereito de familia, – liquidación de réxime económico matrimonial, capacidade, tutelas, protección de menores e internamento voluntario en réxime psiquiátrico, entre outros-  que provocou xa o colapso noutros xulgados de primeira instancia debido á separación das causas xudiciais civís e penais. Estas últimas son máis levadeiras en termos de carga laboral.

O presidente do TSXG asegurou, por outra parte, que a Audiencia Provincial de Pontevedra foi unha das poucas nas que non se produciu un colapso administrativo nas causas de carácter civil. “É certo que hai problemas coa sección dependente, en Vigo. Neste caso foi por falta de planificación no primeiro momento no que entraron en funcionamento, cando se acumularon o número de asuntos,”, argumentou González Nieto, que adiantou que o problema se está a resolver a través de maxistrados de reforzo.